Beatriz Sánchez
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Periodista, apasionada por las comunicaciones y la justicia social. Hoy candidata a presidenta de Chile por el Frente Amplio

  • Nombre: Beatriz Sánchez
  • Partido: Frente Amplio
  • Fecha de Nacimiento: 24 de Diciembre de 1970
  • Edad: 46
  • Profesión u Oficio: Periodista
Propuesta en Ciencia y Tecnología

Transformación digital: El futuro al servicio de las personas

Oportunidades tecnológicas desde un enfoque de derechos

 

Agenda digital 2020:

Aunque hay avances importantes en la sistematización de necesidades en esta materia, corresponde revisar las distintas metas para evaluar su cumplimiento. También es necesario mirar el contexto global y analizar los nuevos desafíos y tensiones que la tecnología empuja a resolver.

  • Crearemos una secretaría interministerial de la agenda digital: para institucionalizar y fortalecer el seguimiento y promoción de esta agenda. 
  • Además, a mediados de nuestro período, convocaremosa emprendedores tecnológicos, universidades y sociedad civil para la redacción de una Agenda Digital 2030.

Prioridades para una agenda digital 2030:

1. Conectividad, educación en TICs y disminución de la brecha digital

  • Avanzaremos hacia el acceso universal a internet comoun derecho de nueva generación y protegeremos laneutralidad de la red.
  • Triplicaremos el promedio del Fondo de Desarrollo de lasTelecomunicaciones de los últimos dos períodos, paraconstruir infraestructura pública que lleve internet a todala población de forma accesible, segura, rápida y estable.
  • Introduciremos el pensamiento computacional temprano en el currículum de nuestras escuelas, así como “programación avanzada” en los últimos años de enseñanza media.
  • Fortaleceremos y expandiremos los programas dealfabetización digital para jóvenes y adultos.

2. Gobierno abierto y digital: culturaTIC en los servicios públicos

  • Analizaremos y rediseñaremos los procesos críticos de funcionamiento del Estado, en conjunto con los actores involucrados, para optimizarlos con el uso de tecnologías.
  • Aumentaremos los trámites del Estado que están en línea y con aplicaciones móviles, sumando unidades de seguimiento y estableciendo garantías ciudadanas.
  • Para mayor seguridad, sostenibilidad y eficiencia, promoveremos el uso y compra de software libre en el sector público.
  • Fortaleceremos la Política de Datos Abiertos y el desarrollo APIs para su acceso
  • Desarrollaremos un sistema online de seguimiento legislativo/reglamentario. 
  • Mejoraremos otros procesos e indicadores de GobiernoAbierto, para pasar del sexto país latinoamericano alprimero, en el Global Open Data Index.

3. Estrategia innovación tecnológico-productiva

  • Triplicaremos la inversión pública en I+D abierta, con un fuerte foco en tecnologías aplicadas, pasando al promedio de países similares al nuestro (1,2% PIB). 
  • Realizaremos un análisis del impacto de la automatización de los procesos productivos y aplicación de la inteligencia artificial en el empleo.
  • Convocaremos un panel regional para la cooperación en materias de investigación aplicada a las tecnologías para el desarrollo productivo y a las ciudades inteligentes.
  • Revisaremos participativamente las normas sobre propiedad industrial, para que no sean obstáculos a la innovación o el acceso. 
  • Mejoraremos nuestros ecosistemas de innovación y emprendimiento social, con mayores capitales de riesgo, infraestructura tecnológica, capacitación y seguimiento; esto aumentará el impacto y retorno de lainversión pública.

4. Ciberseguridad y protección dedatos personales

  • Promoveremos la descentralización de la infraestructura física que respalda los servicios públicos, contando con servidores autónomos.
  • Estableceremos protocolos para proteger la integridad de los servidores en Chile, velando por un ciber espacio libre, abierto, estable y seguro.
  • Fomentaremos leyes, decretos y normativas que protejany no expongan los datos personales de la población (TNE, MINSAL, SERVEL, etc).
  • Fortaleceremos las garantías legales para que no exista intromisión generalizada en la privacidad de las personas por parte del Estado, salvo en casos justificados y siempre por expresa orden judicial (Decreto espía).
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