DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA: DISTRIBUIR EL PODER DE MUCHOS A LO LARGO DE CHILE

Los distintos territorios de Chile no tienen la autonomía necesaria para adecuar, coordinar y decidir políticas según sus condiciones específicas, ni menos para orientar su destino en conformidad a los intereses de sus habitantes. En consecuencia, diversas políticas del gobierno central suelen presentar problemas de descoordinación y muchas veces no responden a las necesidades locales.

Además se carece de instrumentos efectivos de planificación y ordenamiento territorial. En el plano económico hay un predominio de la gran producción extractivista (mineras, forestales) orientada a las exportaciones. Las faenas se despliegan sobre los distintos lugares del país, pero las decisiones se toman en Santiago o en las capitales regionales. A menudo, los territorios y sus comunidades pagan los costos, mientras que quienes toman las decisiones están lejos de ellos.

En el plano político existe una concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo a nivel central. No hay Gobiernos Regionales electos, sólo un Consejo Regional con escasas atribuciones y sin capacidad ejecutiva. Por ello tenemos sólo dos niveles democráticos de gobierno: la presidencia de la República y las municipalidades. Esto no es “normal” ni habitual: todos los otros países de Latinoamérica eligen a sus autoridades regionales. La centralización es un problema de nuestra democracia.

A nivel local, los municipios recibieron grandes responsabilidades, como en salud y educación, pero sin los recursos financieros ni la capacidad humana para asumirlas de buena forma. El sistema de asignación presupuestaria no tiende a reducir las brechas entre Municipalidades ricas y Municipalidades pobres. Así, la desigualdad es doble: por un lado entre comunas con muchos y pocos recursos, por el otro entre servicios públicos y servicios privados. Hay comunas en Chile con 8 veces más presupuesto por habitante que otras.

En Chile casi no hay mecanismos de participación ciudadana efectiva. Existen sólo procedimientos informativos y con escaso impacto en el caso de la modificación de instrumentos de planificación comunal, o procesos consultivos más recientes que dependen de la voluntad de los alcaldes, así como algunos experimentos todavía excepcionales a escala regional.

Propuestas

1. NUEVAS REGIONES CON AUTONOMÍA POLÍTICA

Las regiones hoy definidas se crearon con un criterio de control de la población, no de representación de sus habitantes, ni de sus vocaciones productivas o características socio-culturales. A través de una Asamblea Constituyente, promoveremos activamente el reordenamiento regional del país de acuerdo a regiones que hagan sentido para las personas.

Las nuevas regiones tendrán grados importantes de autonomía, contando con gobiernos  regionales democráticos capaces de planificar y gestionar la política de sus territorios.

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para que los gobiernos regionales realmente signifiquen soberanía de los territorios, es necesario fortalecer a los habitantes y a las organizaciones locales integrándoles en los procesos de decisión política. Tanto a nivel de las municipalidades como de los gobiernos regionales, impulsaremos formas de gobierno participativo donde las consultas a las organizaciones de base tengan un poder vinculante real.

3. TRANSPARENCIA ACTIVA

Los gastos e inversiones de los gobiernos regionales y municipales serán de conocimiento público, profundizando decididamente en las políticas de transparencia activa iniciadas en los últimos años. Los gobiernos municipales y regionales estarán mandatados a dar cuenta de lo gastado en las diferentes áreas, proyectos y programas.

4. ELECCIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES

La descentralización política se promoverá a través de la elección popular de las autoridades regionales, intendentes y gobernadores. A través de la Asamblea Constituyente, eliminaremos las restricciones que impiden a dirigentes sociales y sindicales postularse a estos y otros cargos de representación popular.

5. REFERÉNDUMS REGIONALES

Crearemos mecanismos vinculantes a las autoridades regionales electas, permitiendo convocar a un número más grande de ciudadanos. Modificaremos la Ley 20.500 sobre participación ciudadana, rediseñando los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), de manera que las políticas públicas (diseño, implementación y evaluación) sean decididas realmente por la gente en base a las realidades de cada localidad.

6. CONTRALORÍAS CIUDADANAS

Crearemos en cada región Contralorías Ciudadanas (CC), que permitan controlar el cumplimiento de las propuestas y programas del gobierno Regional que velarán el cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial. Las CC estarán conformadas por los Parlamentarios, Consejeros Regionales

y Concejales del territorio, y serán asesoradas por funcionarios de la Contraloría General de República de nivel regional.

7. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Para una redistribución real del poder de gobierno en los territorios, necesitaremos gobiernos locales mejor y más capacitados. Fortaleceremos las capacidades de los funcionarios para planificar y ejecutar políticas públicas en regiones y municipalidades, mediante convenios con las universidades regionales para capacitarles en política pública y planificación territorial.

8. FORTALECER LOS MUNICIPIOS CON IGUALDAD

Reestructuraremos la distribución de tributaciones y presupuestos entre los municipios, entregando a los gobiernos municipales autonomía al tiempo que distribuimos de manera justa la riqueza entre todas y todos. Disminuiremos de manera decidida la brecha entre municipalidades pobres y municipalidades ricas, mejorando la entrega de bienes y servicios para la población en general.

9. AUTONOMÍA Y COOPERACIÓN EN LA GESTIÓN

Dotaremos con mayor autonomía en la gestión de los gobiernos municipales y regionales. Junto a esto, fomentaremos la cooperación entre comunas y entre regiones, especialmente en materias de planificación, desarrollo local, seguridad y reinserción social, a través de mecanismos para el co-financiamiento y co-diseño de políticas inter-regionales e inter-municipales.

10. DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA REAL:

La evidencia internacional demuestra que los esfuerzos por descentralizar territorialmente el poder y los recursos tendrán pocos efectos si no se consigue descentralizar la vida económica, las oportunidades de trabajo y la oferta de servicios, haciendo más atractiva la vida en los distintos territorios. En este marco, la política de fomento económico del Frente Amplio considerará  estratégicamente la necesidad de favorecer el desarrollo económico y social en las distintas regiones, buscando generar polos de desarrollo y bienestar a lo largo de todo el país.

11. DEMOCRATIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Estableceremos una agenda de probidad y transparencia para los gobiernos municipales, que impulse el control ciudadano y el empoderamiento de las organizaciones sociales a escala local. Para fortalecer las autoridades municipales, proponemos limitar la reelección de alcaldes y concejales para un máximo de dos periodos en el mismo cargo, y estipular la elección con mayoría absoluta de los alcaldes, esto es la existencia de una segunda vuelta entre las dos principales mayoría si ningún candidato sobrepasa el 50% de los votos válidamente emitidos.

12. REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO

Para poner en marcha esta nueva estructura regional y local necesitaremos una nueva distribución del presupuesto fiscal entre los distintos órganos del Estado. Paulatinamente, avanzaremos hacia una mayor autonomía presupuestaria de las regiones, que abarque de manera integral las distintas políticas sectoriales y permita, de esta forma, la adecuada coordinación intersectorial de la política pública en los territorios. Los gobiernos regionales desarrollarán Planes de Desarrollo Territorial, incluyendo estimaciones informadas de los recursos necesarios para su implementación en el largo plazo.