Nuestra ruta al desarrollo: Más y mejor crecimiento para todos

Es una política integral para la reactivación de la economía y la redistribución del bienestar que comprende medidas de corto y mediano plazo para construir un Chile que crece estable, descentralizada y sustentablemente para todas las personas.

Nuestra propuesta se base en tres ejes:

1. Plan nacional de inversión

Una nueva política económica requiere un Estado que deje de ser observador de la actividad de los mercados, para transformarse en un nuevo motor que pueda dinamizar la economía, especialmente en ciclos de menor movimiento.

a) Impulso a la innovación

Promover y financiar adecuadamente la innovación es clave para incrementar la productividad y democratizar la economía.

• Proponemos triplicar el gasto público en innovación: Ir de los US$1.000 millones que se invierten hoy en innovación a US$3.000 millones, durante el período presidencial, llegando al 1,2% del PIB, lo que nos iguala a países de ingreso mediano. Este impulso de financiamiento de las ideas será liderado por el Estado y potenciará la capacidad de investigación de nuestras empresas, gobierno y universidades.

• Inversión con sentido: Desarrollo de cooperativas de trabajo de alto contenido tecnológico. Impulso de pequeñas y medianas empresas, asegurando las condiciones que les permitan efectivamente competir. Fortalecimiento de empresas B. Diversificación de la actividad empresarial (género, descentralización e integración de grupos discriminados).

b) Cartera nacional de infraestructura

La infraestructura puede cambiar para mejorar la vida de las personas, plasmando una mirada país de futuro y generando proyectos capaces de reactivar la economía y generar masivamente empleo.

• Portafolio de inversión pública desacoplado delos gobiernos de turno: Inversión educacional planificada con visión nacional y regional. Infraestructura de salud que garantice el ejercicio efectivo de derechos. Retomar la inversión directa del Estado en materia de viviendas y condiciones de vida y seguridad en los barrios. Enfrentar los desafíos del cambio climático, lo que incluye agua potable, riego y movilidad y transporte sustentable.

c) Inversión social para cambiar la vida de las personas

La inversión social debe asegurar a cada persona el acceso a un conjunto de garantías que le permiten una calidad de vida acorde al estado de desarrollo en que se encuentra el país.

• Iniciativas por el bien común, no por presiones particulares: Incentivos para que los profesionales de la salud permanezcan en el sector público, garantizando calidad y tiempos de atención adecuados. Desarrollo de capital social mediante Unidades de Vida Articulada, espacios de encuentro en cada barrio. Financiamiento de Pensiones Dignas, nuestro plan de pensiones que incorpora criterios sociales para la inversión de los fondos.

2. Nuevas formas de producción

Una nueva política económica se funda en el impulso activo de estímulos y regulaciones quemodernicen y hagan sustentable la producción.

a) Descentralización de la economía

El inusual nivel de concentración social, política y económica de Chile es causa y efecto del agote de la estrategia de desarrollo. Resolver esta situación requiere complementar las medidas económicas con la redistribución de poder político, que comienza con la elección democrática de las autoridades y las prioridades regionales.

• Consejos de desarrollo económico territorial: Su objetivo es articular la participación vinculante de la comunidad en la definición de proyectos productivos con impacto social y medio ambiental. Contarán con presupuesto autónomo e integrarán al gobierno regional, universidades, la comunidad local y el sector privado.

• Centros regionales de desarrollo científico: Existirán al alero de universidades e institutos de investigación en todas las regiones de Chile y formarán profesionales, abordarán temas de proyección productiva, de alto valor agregado y con desarrollo sustentable, en lo ambiental y social. Estas instituciones tendrán un alto estándar de transparencia y participación, para permitir el control ciudadano sobre el cumplimiento de sus objetivos.

b) Desarrollo verde

El Cambio climático impactará profundamente nuestra matriz productiva, por lo que el estado debe promover un cambio en ésta que supere la lógica de la inversión privada cortoplacista, que sea acorde con las nueva condiciones ambientales que vivirá Chile en los próximos 100 años.

• Nueva institucionalidad de protección ambiental: Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que equilibre el poder entre comunidades y empresas. Ley de Ordenamiento Territorial que mandante la construcción de planes participativos, transdisciplinarios y vinculantes. Defensoría Medioambiental. Observatorio Medioambiental, que sistematice lainformación sobre el estado de los ecosistemas.

• Transformación productiva: Eliminaremos los subsidios al uso de pesticidas y prohibiremos los químicos sancionados internacionalmente. Protegeremos por ley el patrimonio genético de semillas nativas y regularemos prácticas transgénicas. Fomentaremos la seguridad alimentaria de la población, privilegiando el intercambio a nivel nacional y latinoamericano, la agricultura orgánica, el cultivo sustentable y en escala de huertas familiares.

• Cuidado de los bienes comunes: Fomentaremos la protección de ecosistemas y biodiversidad con una Ley General de Bienes Comunes. Nacionalizaremos el agua como un recurso público que debe responder a las necesidades humanas. La nueva Constitución fijará criterios que aseguren la protección de los recursos naturales.

3. Distribución de las cargas y beneficios del desarrollo

La concentración desigual de los costos y los frutos de la producción es una de las razones que impiden la reactivación de la economía chilena. Una distribución justa no solo es un imperativo ético, sino una condición necesaria para que Chile crezca.

a) Relaciones laborales justas y equilibradas

Proponemos herramientas para otorgar poder a los trabajadores y trabajadoras, para que se apropien mejor del bienestar que ellos mismos van creando.

• Un nuevo código del trabajo que elimine el plan laboral de la dictadura: Negociación colectiva sectorial o por rama. Derecho a negociación colectiva a quienes trabajan por obra o faena. Derecho a huelga efectivo, eliminando los servicios mínimos universales de la reciente reforma laboral.

• Nuevas condiciones laborales: Reduciremos la jornada semanal de trabajo a 40 horas, así como la cantidad de personas que trabaja sin límite de jornada. Aumentaremos el salario mínimo, determinado a través de un mecanismo tripartito. Limitaremos la subcontratación y regularizaremos la contratación a honorarios en el sector público.

• Legislación con enfoque feminista: Garantizaremos con una ley efectiva la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Reconoceremos el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, realizado principalmente por mujeres. Reformaremos la legislación laboral para que las tareas de cuidado sean compartidas entre hombres y mujeres (post natal, derecho de alimentación, fuero, sala cuna).

b) Justicia tributaria

Los cambios estructurales que proponemos requieren un financiamiento sustentable a largo plazo, en el que los sectores de más altos ingresos aporten lo correspondiente al conjunto de la sociedad.

• Impuesto a los súper ricos: Aumentar los impuestos al 1% más rico de Chile, que concentra el 30% del ingreso del país. Este impuesto será del 2% anual para quienes tienen un patrimonio superior a US$5 millones. Estableceremos un nuevo tramo de impuesto de 50% a la rentas por encima de $150 millones anuales. Proyectamos que estos impuestos recaudarán entre US$6.500 y US$8.000 millones.

• Royalty minero: El 79% de los países mineros posee algún tipo de gravamen sobre las ventas o producción, en promedio,del 4,9%. Proponemos un impuesto del 5% a las ventas de minerales. Con el precio actual del cobre, este royalty multiplicaría la recaudación casi diez veces, pasando de US$100 a US$1000 millones.

• Desintegración tributaria: Las grandes empresas (sociedades anónimas abiertas) pagarán impuestos, sin que estos se constituyan como crédito tributario para sus accionistas. Las pequeñas y medianas mantienen su régimen tributario actual.

• IVA diferenciado: Terminar con la tasa plana, reduciendo el impuesto a los bienes de primera necesidad y la actividad cultural.

• Fin a las exenciones tributarias injustificadas: Hoy se realiza una rebaja tributaria a los intereses de las deudas de las empresas, la que aplica al 100% de los intereses pagados. La idea es limitar esa rebaja al pago de intereses hasta 5.000 UF, evitando distorsiones. Esta medida aumentaría la recaudación tributaria por lo menos en US$1.000 millones.

• Reponer el impuesto a la ganancia de capital bursátil: Somos uno de los pocos países del mundo donde la ganancia con acciones no paga impuestos.

• Reducir el gasto en defensa: Reduciremos el gasto que hoy se destina a Defensa en US$1.000 millones, que provienen de la ley reservada del cobre y que hoy son gastados exclusivamente en pertrechos. Derogar la Ley Reservada del Cobre y asignación de financiamiento estable y transparente a Defensa mediante la Ley de Presupuesto