No más endeudados por estudiar: Responsabilidad del Estado y condonación de la deuda educacional

Principios

1. El Estado se hace cargo de su negligencia en el diseño del Crédito con Aval del Estado.

2. Porque la educación es un derecho, se terminan las deudas por estudiar.

3. Conduciremos una negociación entre el Estado y los bancos beneficiarios del CAE, la que definirá los montos y plazos de la condonación.

4. En la transición, todos los créditos se unifican en un mecanismo a cargo del Estado. Por lo tanto, ningún estudiante que hoy cuenta con CAE se verá afectado.

5. La solución hacia el futuro es la expansión de la educación superior pública 100% gratuita, permitiendo el acceso a la educación superior de los jóvenes para los que el CAE habría sido diseñado.

El CAE es una política pública innecesaria, porque la presencia de los bancos en el sistema sólo encarece el costo para el Estado y no beneficia en nada a los estudiantes o a las instituciones de educación superior.

El CAE es una política pública ideológica, porque parte de la base que los costos de estudiar dependen sólo de los individuos.

El CAE es una política pública fracasada, porque se pensó que iba a ser sustentable y que el Estado no tendría que poner recursos (hoy compra buena parte de la cartera de deudas).

El CAE le ha costado a Chile casi $4,1 billones, pagados por los estudiantes, sus familias y el Estado.

Cada año el Estado gasta más en CAE que en:

• Más que el patrimonio de 800 millones de dólares que Piñera declaró ante el Servel para ser candidato

• El doble de la deuda previsional que tienen las empresas con sus trabajadores

• 100 veces el presupuesto destinado a las universidades estatales recién creadas de Aysén y O’Higgins.

Además, el CAE somete a los estudiantes a condiciones explícitamente prohibidas por la Ley del consumidor

a. Que invierten la carga de la prueba en perjuicio de estudiante (artículo 16 letra d)

b. Contrarias a la buena fe, que establecen un desequilibrio importante entre las partes (artículo 16 letra g)

c. Pagarés en blanco (artículo 16 letra f)

d. Mandatos irrevocables (artículo 17 B letra g)

e. La ley que regula el CAE no protege a los estudiantes e incluso establece como requisito para otorgar el aval del Estado la existencia de algunas de estas cláusulas abusivas (artículo 16 de la Ley 20.027).

Por eso hay seis demandas colectivas presentadas por Deuda Educativa, actualmente en conocimiento de los tribunales.

Nuestra propuesta

Para las generaciones que vienen: Más educación superior pública, gratuita y de calidad, duplicando los cupos en un plazo de ocho años.

1. Redirigir los recursos que hoy se invierten en subsidios al mercado en un crecimiento planificado y orgánico de la educación superior pública (hacia un 30% de participación en la matrícula en el año 2022 y 50% en el año 2027).
2. Gratuidad universal a partir del financiamiento institucional para la expansión de la  educación superior pública en todo Chile, acabando con el endeudamiento.
3. No más asignaciones de nuevos CAE, garantizando la gratuidad en la educación superior pública y las becas ya existentes para los nuevos estudiantes de educación superior privada.

Para los que ya están endeudados: Fin al endeudamiento y plan de condonación de las deudas por estudiar.

Seis compromisos desde el primer semestre de gobierno

1. Terminar con la publicación de deudas educativas en DICOM y registros comerciales.

2. Fin a la retención de impuestos a trabajadores y trabajadoras a honorarios.

3. Eliminación de todas las cláusulas abusivas de los contratos CAE y CORFO.

4. Prohibición expresa de vender a bancos cualquier crédito educativo.

5. Durante la transición, se unificarán todas las deudas en un mecanismo único y justo, a cargo del Estado.

6. Porque la educación es un derecho, el Estado debe conducir la negociación con los bancos para definir el monto final que condonará cada parte, atendiendo las cláusulas abusivas e ilegales del CAE.

Diálogo público-privado para la condonación de la deuda Los montos que implicaría una condonación total son abordables para los bancos y el Estado (las cuotas no superarían el 2% de la reforma tributaria que propone el Frente Amplio). Los montos y plazos que asuma cada parte dependerán de la negociación entre el Estado y los bancos que han hecho su negocio con el CAE.

Le encargaremos al Consejo de Defensa del Estado que en cada paso de este proceso, cautele el patrimonio del Estado frente al interés de los bancos.