¿Es Chile un país minero?

Las cifras económicas dicen que sí. Sin embargo la percepción de las chilenas y chilenos ha cambiado en los últimos años.

El último boom de precios no fue bien aprovechado para que la minería no sea solo la caja pagadora sino un real motor de desarrollo. Ha habido una baja en la percepción de la minería como "la mejor industria del país" llegando al punto más bajo desde que Minerobarómetro mide esta percepción. El mismo estudio también señala que el 78% de la población considera que el desarrollo de Chile depende del cobre y que se mantiene en un alto porcentaje el apoyo a la propiedad estatal de Codelco.

Chile necesita de la minería y la minería necesita que Chile se reconozca como país minero. Esto no será posible si no cambiamos los términos de la relación. Si no hacemos minería sostenible en acuerdo con las comunidades que hoy ven a la minería como un poder ajeno y distante.

Implementaremos una política minera integral y de largo plazo que contribuya a generar una relación armónica entre las y los chilenos y nuestra principal riqueza. Que reconozca que la riqueza mineral de Chile son bienes de todos y todas que se entregan de manera responsable a agentes económicos para maximizar los aportes que la explotación de estos recursos no renovables hace al país.

  Nuestras principales propuestas en esta meteria son:

1. No podemos seguir con la especulación de las concesiones mineras que no se utilizan ni se exploran. Se debe revisar toda la normativa que evite la especulación y que, en caso de producirse, la castigue fuertemente, quien quiera tener concesión minera deberá pagar más si no la explora.
2. Para agilizar esto requerimos una plataforma de información pública que sea de interés común. Proponrmod la creación de un mapa geológico de uso público donde quienes exploran depositen la información y que sea requisito para la entrega de concesiones, todo resguardado.
3. Se ha hablado mucho de la incerteza jurídica de la inversión privada en Chile, lo que tiene al menos 2 tipos de solución:

•  La primera es que el sistema de evaluación de impacto ambiental requiere una profunda re estructuración, no es justo ni para los inversionistas ni para las comunidades, nuestra candidatura está trabajando en una revisión de la institucionalidad donde las empresas no sean juez y parte (pagan por los estudios de impacto) y las comunidades no tienen opinión vinculante. Sobre eso los servicios públicos que deben informar no tienen ni las competencias ni los recursos para formarse una opinión técnica autónoma con datos certeros.

• Falta una planificación territorial de las regiones que delimite claramente las zonas potenciales de explotación minera y que permita deliberar a las comunidades sobre su vocación de desarrollo, esta planificación debiera acelerar lo procedimientos de inversión siempre y cuando existan acuerdos previos en las comunidades respecto a su propia estrategia de desarrollo. Sin la participación de las comunidades es muy difícil sortear tanto las legítimas preocupaciones de los vecinos y vecinas como la industria del litigio que se ha construido en torno a las inversiones mineras en Chile, cuestión que ya ha ocurrido en otros países del mundo.

4. La naturaleza nos ha dotado de enormes riquezas mineras y no nos negaremos a ellas, pero debemos ser conscientes de su condición finita y no renovable, debemos de ser capaces de aprovechar esta riqueza de hoy y transformarlo en riqueza de futuro. Los países que han aprovechado sus recursos naturales han desarrollado una industria especializada asociada a esas riquezas y en Chile con nuestra minería no lo hemos hecho. Vamos a potenciar de manera decidida la construcción de una oferta nacional de servicios y tecnología minera que podamos exportar, potenciaremos el cluster minero con recursos e infraestructura y con apoyo técnico a las pequeñas y medianas empresas para que accedan a prestar servicios a las grandes compañías y puedan además, en el mediano plazo, internacionalizarse.

5. El último cambio que proponemos es que el aporte de la minería, en especial de la privada, suba vía impuestos. Propondremos un royalty a la minería que sea sensible a dinámica fluctuante de los precios internacionales y que premie la agregación de valor.

No queremos que operaciones contables distorsionen el necesario aporte que las empresas que tienen ganancias muy importante en los años de altos precios deben hacer al país. Propongo un royalty a las ventas brutas de todos los minerales el cual será graduado de acuerdo al grado de elaboración del producto. A mayor valor agregado menos royalty y vice versa.

Usando precios de tendencia o de largo plazo del cobre y otros minerales estimamos que este impuesto puede recaudar entre US$1800 y US$2500 millones anuales.

Son recursos que necesitamos para financiar un nuevo sistema de pensiones, una salud de calidad para todos y una educación que nos permita entregarles a las futuras generaciones las herramientas necesarias para construir un nuevo horizonte.