En el Chile de hoy se requiere repensar el territorio, la ciudad, la vivienda y el transporte desde el interés público, por encima del interés privado y los requerimientos del mercado. Las consecuencias de la explotación desmedida de recursos naturales, la mercantilización de nuestros bienes comunes y la agudización de las desigualdades territoriales merman el bienestar y la consecución de derechos de las grandes mayorías, produciendo y reproduciendo brechas de pobreza y riqueza, lo que es reflejo de la insostenibilidad del modelo neoliberal.

Lo anterior demanda re-entender nuestros territorios como los principales medios para la realización de la vida en comunidad, el fortalecimiento del tejido social, el ejercicio de la ciudadanía y la concreción de los derechos sociales. Se trata de propender al bien común de todos y todas, y no al beneficio del mercado. El derecho a la vivienda y al bienestar deben estar garantizados, propendiendo a mayor justicia espacial e inclusión social en cada una de las políticas públicas. Debe existir democracia participativa, autonomía y descentralización del poder en la sociedad y en todas las escalas del territorio. El desarrollo habitacional, urbano y territorial debe ser sostenible, preservando el patrimonio e identidad colectivas de la sociedad.

La movilidad y el transporte deben ser inclusivos y sustentables, y otorgar posibilidades de desarrollo social. Como Frente Amplio tenemos la convicción de que se requiere un cambio de paradigma para disputar la lógica de producción espacial al mercado privado, superando el ineficiente esquema imperante de subsidios habitacionales, controlando los incrementos de precios de vivienda y la especulación con suelo, y recobrando la capacidad histórica que han tenido el Estado y la sociedad civil en el pasado, de proveer hábitat y ciudades dignas, ofreciendo calidad, igualdad y condiciones para el asociativismo de sus habitantes. Por ello, el programa se inscribe en la propuesta internacional del derecho a la ciudad, la cual desarrollamos en seis áreas, a saber:

1) Gobernanza y participación ciudadana: reorientar la gobernanza territorial hacia un sistema de escalas interdependientes que revierta la noción jerárquica y centralista actual, indiferente al desarrollo local.

2) Planificación urbana y ordenamiento territorial: impulsar una planificación de la ciudad y el territorio de carácter integral, multisectorial, participativo y descentralizado, que se guiará por criterios de justicia espacial y ambiental, inclusión social y de protección del patrimonio, paisaje y cultura. Considerará, además, la vulnerabilidad ante riesgos de las comunidades, incorporando los principios de prevención y responsabilidad en la materia.

3) Derecho a la ciudad y a la vivienda: resguardar la función social del suelo, recobrando la capacidad del Estado para acometer gestión inmobiliaria y promover sistemas de autogestión comunitaria de la vivienda de interés y financiamiento público (vivienda social, grupos emergentes y clase media).

4) Habitabilidad y territorios inclusivos: promover la accesibilidad y el diseño universal, el desarrollo de ciudades a escala humana y la inclusión de la diversidad de habitantes en la planificación y uso de la ciudad y el territorio.

5) Patrimonio y modos de vida sustentables: reconocer el patrimonio como Derecho Humano, entendiendo que a través del mismo se robustecen los cimientos del tejido social, aportando a la identidad, resiliencia y cohesión de las comunidades y barrios.